La vía extrajudicial de liquidación de compañías cobra protagonismo. Las entidades del ramo, muy atomizado, ganan también tamaño.
Se calcula que, en 2022, entre 50.000 y 100.000 empresas acudirán a concurso de acreedores tras el fin de la moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La carga de trabajo que se prevé en los juzgados de lo mercantil es de tal naturaleza que, en la actualidad, ya se están tomando medidas para hacer frente a esta avalancha, además de para enjugar la tarea pendiente.
En 2020, con la pandemia en pleno vigor, hubo un paso y marcha atrás legal: primero se anularon las subastas judiciales y poco después, con la entrada en vigor en septiembre del texto refundido de la Ley Concursal, se devolvieron a los juzgados, conviviendo así de nuevo con las extrajudiciales. Desde entonces, los propios juzgados recomiendan a los interesados que, a la hora de enajenar los activos de una empresa en liquidación, lo hagan mediante subasta extrajudicial, es decir, aquella que llevan a cabo agentes externos a los tribunales.
“Estamos observando un gran aumento del número de subastas extrajudiciales en los últimos meses”, afirma el consejero delegado de Activos Concursales, Joaquín Oliete, una de las entidades especializadas en llevar a cabo subastas online de los activos de empresas liquidadas. Oliete ve lógico el crecimiento de actividad de este tipo de empresas, “porque nosotros sacamos adelante un 33% más de ventas que las subastas que se hacen por medio del Boletín Oficial del Estado, las judiciales”. “Nuestros usuarios pueden visitar los inmuebles si es lo que se subasta, son atendidos en todo momento y disponen de documentación preparada, lo que no se hace en una subasta judicial, en la que la información del BOE es la que es”, declara Oliete.
“Las entidades especializadas que se dedican a subastar los activos de empresas están floreciendo ahora en España y cada vez tienen un tamaño mayor, ya que antes era un sector muy atomizado y había muchas que solo funcionaban localmente”, explica Rubén García-Quismondo, administrador concursal y socio director del despacho Quabbala.
Pico en 2022
Es, precisamente, la atomización de este sector la que no permite disponer de datos globales, pero que el incremento de la carga de trabajo es evidente lo confirma Eduard Krause, director general de Iberia Surplex, entidad dedicada a la compra de maquinaria industrial procedente de compañías liquidadas, que después vende a través de subastas online. “Ahora mismo hay una altísima demanda de bienes liquidados, sobre todo por parte de la industria del mueble”, señala Krause, quien prevé un pico mucho mayor de tarea en 2022, cuando se acabe la moratoria concursal.
El incremento de actividad de estas entidades dedicadas a las subastas les lleva a reclamar una regulación específica consistente, básicamente, en un registro de entidades especializadas validado por el Ministerio de Justicia. “Pedimos un registro, que existan auditorías que comprueben el software utilizado, los datos, la experiencia jurídica y demás. Antes, esto era un coto cerrado para unos pocos que se enteraban por los anuncios de los tablones en los juzgados, los conocidos como subasteros, y no puede ser que ahora se dedique a las subastas cualquiera”, manifiesta Joaquín Oliete.
La recomendación de los juzgados de lo mercantil de que, cuando se liquida una empresa, los activos que se pueden vender sean enajenados a través de subastas extrajudiciales es lo que “está provocando la proliferación de la actividad de empresas de enajenación de activos”, asegura Mayte Rodríguez, directora jurídica de Subastasprocuradores.com, portal perteneciente al Consejo General de Procuradores. “Los procesos de los concursos de acreedores que terminan en liquidación son larguísimos y los agentes especializados extrajudiciales los aceleran mucho”.
Uno de estos agentes es el Consejo General de Procuradores, que realiza subastas, sobre todo de inmuebles, a través del portal mencionado. La semana pasada firmó con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) un acuerdo por el que esta compañía contará con el portal Subastasprocuradores.com para la gestión de las pujas de activos inmobiliarios en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Las dos instituciones afirman que este acuerdo permitirá a Sareb acelerar la estrategia de transformación de las garantías inmobiliarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria al acortar los plazos, reducirá los costes de las subastas y ampliará la posibilidad de adquisición a particulares.
Rubén García-Quismondo cree que el gran momento de las entidades especializadas llegará en los años 2022, 2023 y 2024, “porque ahora la economía española está zombificada en un porcentaje enorme y funciona lo de ‘no pago y no hay concurso”.
UN CÍRCULO MUY REDUCIDO
- Electrónicas. Las subastas dejaron de ser presenciales en 2015 y desde entonces solo pueden hacerse de manera telemática. Esta innovación acabó con todo un mundo, el de los subasteros, como se les conoce en el ramo. Las entidades especializadas lo celebran porque creen que así se ha introducido más transparencia y más publicidad. “Aun así, continúa siendo un sector muy reducido, destaca Eduard Krause, porque hay que tener en cuenta que a las subastas del BOE todavía no pueden acudir compradores extranjeros y, además, en España se lleva mucho la venta directa”. Surplex, empresa de origen alemán, trabaja con compradores de cualquier país. No obstante, “los compradores españoles, que antes eran el 50% de nuestro mercado, han pasado a ser actualmente el 80%”, señala Krause
- Concursos exprés. La actividad de las subastas, judiciales o extrajudiciales, entra en juego cuando hay algo que vender. En estos momentos, “los juzgados están archivando cada vez más concursos, porque son los llamados exprés, de personas físicas que no tienen bienes de ningún tipo”, afirma Rubén García-Quismondo.
Fuente: elpais.com